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ENTREVISTAS DE LOS BICENTENARIOS: ALFONSO RUIZ MIGUEL

30/11/2010

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Alfonso Ruiz Miguel. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

“La conmemoración del Bicentenario puede contribuir a la reflexión y crítica a propósito de las deficiencias en nuestra democracia”


El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Alfonso Ruiz Miguel intervino como ponente en el seminario ‘A los doscientos años de la primera reunión de Las Cortes: El Parlamento a debate’, que se celebró en la Facultad de Derecho de Jerez los días 22 y 23 de noviembre. 

Su ponencia versó sobre ‘La Democracia parlamentaria y sus límites’; una reflexión sobre el término de democracia parlamentaria y los principios garantes de la misma en la que el conferenciante introdujo también un análisis sobre las paradojas aparentes del demócrata puro, el verdadero liberal y el dilema del perfecto demócrata liberal; así, la pertenencia a un partido frente a la defensa de un sistema plural o la esfera individual frente a la colectiva. 

Al hilo de su intervención el catedrático de Filosofía del Derecho responde a una serie de preguntas sobre estas cuestiones en estrecha relación con el argumento motivador de las jornadas: el nacimiento del parlamentarismo hace 200 años.

Alfonso Ruiz Miguel es miembro del consejo de las revistas Doxa y Sistema e Isonomía, entre otras, y miembro del Comparative Legal Research Group Bielefelder Kreis. Es autor de numerosos libros y artículos y ha sido vicerrector de Investigación y secretario general de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

El seminario en el que usted ha participado pretendía profundizar en el análisis del Parlamento como órgano esencial del Estado Constitucional ¿qué motiva esta necesidad de reflexionar sobre la actual democracia parlamentaria?


Me parece que hay razones específicas del parlamento y más generales, de la democracia parlamentaria. Las específicas son relativas sobre todo al papel de los parlamentos como órganos legislativos, una función que se resiente de la actual crisis de la ley, hasta el punto de que nuestra época se ha caracterizado como una época de ‘descodificación’ (excesivo número de leyes, técnica defectuosa, contradicciones, excesivo detallismo, insuficiente control de las derogaciones, etc.).

También hay razones más generales, relativas sobre todo a la crisis de los partidos¸ que figuran entre las instituciones menos consideradas por la ciudadanía, no despiertan un interés social de participación, seleccionan deficientemente a sus dirigentes y tienden a la profesionalización de la política.

 

En su ponencia ha revisado el concepto de democracia ¿cuál es la conclusión que determina los límites ineludibles de un sistema democrático?


El núcleo del sistema democrático es doble, y se encuentra en cierta tensión. Por un lado, deben garantizarse los derechos ciudadanos de carácter político; no sólo el derecho al voto, que es sin duda esencial, sino también las libertades políticas de expresión, prensa, reunión y manifestación que garantizan la posibilidad de los ciudadanos de participar libremente en la política, esto es, en lo que nos importa a todos. Y, por otro lado, también deben garantizarse los derechos civiles o individuales que establecen un círculo, una especie de ‘coto vedado’, alrededor de cada individuo y que no debe ser traspasado para no afectar a su autonomía y dignidad fundamental (derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, libertad de religión e ideológica, libertad de movimientos, el derecho a la integridad física, la seguridad ante detenciones arbitrarias y condenas injustas, el derecho a la propiedad y a la libre contratación, etc.).

 

Hace 200 años nació en la Isla de León el parlamentarismo, y con él, los principios de la base de la democracia. ¿En qué medida considera que estos hechos históricos marcaron la realidad de la democracia parlamentaria actual?


La Constitución gaditana, en la que culmina el proceso iniciado en 1810 en la Isla de León, es un antecedente importante de la actual democracia constitucional, como lo es también la más larga experiencia parlamentaria británica y las ideas democráticas que se fueron desarrollando tras la Revolución francesa. Hay algunas diferencias significativas que señalar tras doscientos años, como la inexistencia del sufragio universal (ni siquiera masculino) durante prácticamente todo el siglo XIX o que los sistemas de ‘monarquía constitucional’, que casi llegan hasta el primer tercio del siglo XX, contrapesaban en exceso el poder popular mediante las prerrogativas del monarca ´-que podía vetar las leyes y dirigía efectivamente el gobierno-.

En todo ello, la monarquía constitucional decimonónica se diferencia de la monarquía parlamentaria actual, en la que, como dice la frase hecha, “el rey reina pero no gobierna”. De todos modos, el comienzo del reconocimiento del principio de la legitimidad popular del poder político, que en último término se fundamenta en la igual autonomía de cada ciudadano como capacidad de participar en las decisiones colectivas, aunque sea indirectamente, mediante la elección de representantes, se puede situar precisamente en España en la Constitución de 1812.  

 

Dos siglos después, ¿contamos con un sistema realmente representativo?


Uno de los problemas de nuestro sistema político es la limitada proporcionalidad del sistema electoral, especialmente en las Cortes generales. Salvo en el caso de los partidos autonómicos -cuya representación corresponde a su peso-, el sistema electoral prima en exceso a los grandes partidos, debido sobre todo a que la circunscripción electoral es la provincia y en muchas provincias se eligen tres o cuatro diputados, de modo que los partidos minoritarios quedan excluidos en la práctica de la representación que correspondería a su peso real en el total nacional. Esto supone también una importante desigualdad de voto, porque mientras un diputado de Barcelona corresponde a casi 130.000 electores, el diputado de Soria corresponde a poco más de 25.000, de modo que el valor del voto del elector soriano es más de cinco veces superior al del de Barcelona. De todos modos, este es un problema muy difícil de abordar por dos razones distintas: resolverlo de manera completa exigiría una reforma constitucional y, además, ninguno de los dos grandes partidos tiene interés ni parece interesado en reformar la ley electoral.  

 

¿A qué problemas o desviaciones se enfrenta el Parlamento hoy en el marco del Estado de partidos?


Creo que es observable una cierta pérdida de la calidad del sistema democrático, con fenómenos muy preocupantes en nuestro país, de los que indicaré sólo tres.

Primero, el deterioro de la responsabilidad y de la confianza generado por los procesos de corrupción económico política, que si bien afecta sobre todo a los niveles municipales y a algunas Autonomías en mayor medida que a otras, exigiría medidas de altura, algunas de carácter preventivo, pactadas por todos los partidos políticos.

Segundo y, precisamente, otro problema grave, es la incapacidad de los grandes partidos de nuestro país para elevar sus miras y alcanzar acuerdos que, sin despolitizar, que es no sólo imposible sino indeseable, eviten el exceso de parcialidad en las grandes políticas de Estado; no sólo ante la corrupción política, sino también, por ejemplo, en política energética, o sobre la reforma de nuestro sistema territorial, así como en la elección de órganos de control y mediación (Tribunal Constitucional, Consejo de RTVE, etc.)

Tercero, como ya indiqué al principio, el manifiestamente mejorable nivel de los responsables políticos a todos los niveles, ante lo que, cuando menos, deberían buscarse incentivos para limitar la profesionalización de la política, que está mostrándose como un fenómeno perverso en muchos aspectos. 

Probablemente, los tres problemas anteriores están conectados entre sí, pues la corrupción no incentiva la entrada en la política de responsables de calidad y altura de miras, que a su vez no son capaces de llegar a pactos de Estado, cuya falta a su vez deteriora la calidad del sistema, el cual no ataja suficientemente la corrupción y así sucesivamente en una especie de círculo vicioso.

 

¿En qué medida puede contribuir la conmemoración del Bicentenario de las Cortes de la Isla de León y de la Constitución de Cádiz en el camino hacia una práctica democrática conforme con los principios que la legitiman? 

 

Toda de reflexión y crítica a propósito de las deficiencias nuestra democracia parlamentaria creo que debe ser bienvenida. Por lo demás, los momentos constituyentes, como el de 1810 1812 o el de 1978, siempre pueden ser una llamada de atención al menos en dos sentidos.

De una parte, son un marco de referencia para observar la distancia entre las aspiraciones fundacionales y las realizaciones pero también limitaciones que han rebajado las esperanzas políticas de los momentos fundacionales.

De otra parte, pueden servir para recordarnos que, por resistente que pueda parecer la inercia de lo existente, los momentos constituyentes se han producido muchas veces porque no se ha sabido o no se ha querido atajar a tiempo el deterioro del sistema político. 

En todo caso, tenemos un sistema democrático razonable y suficiente en conjunto, pero no deberíamos deteriorar más su calidad, y, más todavía, tendríamos que pensar en emprender algunos cambios que puedan mejorar esa calidad sustancialmente. 

 


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